Un mes sin los tres: Ecuador aún no recupera los cuerpos del equipo periodístico asesinado

QUITO, Ecuador.- Los familiares del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra de Ecuador siguen esperando la repatriación de sus cuerpos. Este 26 de abril se cumplió un mes desde que los tres integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio fueron secuestrados por los disidentes de las Farc, y dos semanas desde que su ejecución fue confimada, el pasado 13 de abril.

El goteo de información oficial sobre el caso se interrumpió el pasado 16 de abril, cuando la Cruz Roja Internacional hizo pública la decisión de los captores de no entregar los cuerpos ante la falta de garantías. Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo, cuenta que desde entonces no hay más reuniones con el gobierno.

“Se terminó, ya no nos llaman al comité de crisis ni a nada”, se queja. El último mensaje que recibieron es que la operación militar sigue adelante. “Ellos dicen vamos con todo y lo que están haciendo es tratar de capturar a Guacho”, añade.

Alias ‘Guacho’, por cuya cabeza Ecuador y Colombia han ofrecido 230,000 dólares, fue parte de la guerrilla de las Farc, de la columna móvil Daniel Aldana, pero se desmarcó del proceso de paz. Del exguerrillero se sabe que era organizador de masas, jefe financiero y explosivista, según la información de Colombia. Su objetivo fue controlar a los cultivadores de coca en Tumaco (Nariño, departamento que colinda con Ecuador), municipio que concentra el 10% de la producción de coca del país (unas 23 mil hectáreas).

Colombia empezó a hablar de ‘Guacho’ el pasado 5 de octubre de 2017, cuando sus hombres concentraron a un grupo de campesinos en el sector de Puerto Rico (área rural de Tumaco) para frenar el avance de un grupo de erradicadores de la policía colombiana. Luego lanzaron varios cilindros bomba que detonaron en medio de la población civil, dejando cuatro muertos y 14 heridos.

Este hecho, brevemente registrado en los medios ecuatorianos, no le dio fama en Ecuador. Fue el pasado 27 de enero cuando su nombre empezó a encabezar los titulares. Lo señalan como el autor de la explosión en un coche bomba en un cuartel policial.

Solo entonces Ecuador habló sin tabúes de la guerra al narcotráfico que había iniciado en el último trimestre del 2017. Uno de los mayores golpes a la organización disidente de las Farc fue la incautación de 7,5 toneladas de precursores químicos.

El trabajo periodístico en la zona se intensificó a partir del atentado con explosivos. El equipo de comunicadores secuestrado, por ejemplo, da cuenta de cómo el narcotráfico, el tráfico de armas y la minería ilegal han reclutado a buena parte de la población fronterizas. Algo que no sorprende si se repasan los datos estadísticos disponibles indican que en ambos lados de la frontera casi el 80% de las personas tienen necesidades básicas insatisfechas.

Los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación estarían presentes en la zona fronteriza, según reconoció el ministro de Interior, César Navas, en un conversatorio con la prensa extranjera el 9 de abril. Y el grupo de Guacho, autodenominado Frente Óliver Sinisterra, sería el brazo armado del cartel de Sinaloa según el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez.

Ecuador es clave para sacar la droga del sur colombiano. Las organizaciones criminales tienen habilitados dos pasos para sacar droga hacia México y Estados Unidos, según el coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército de Ecuador. Estos son el corredor amazónico y el corredor del Pacífico. El primero nace en Puerto Asís (Putumayo-Colombia) y atraviesa las provincias ecuatorianas amazónicas hasta salir a los principales puertos del país, y el segundo nace en Tumaco (Nariño-Colombia) y avanza por la costa del Pacífico ecuatoriano hasta Perú.

El negocio es codiciado y de allí toda la tensión en la frontera. Por un kilogramo de clorhidrato de cocaína en Colombia se paga un promedio de 2.269 dólares, pero ese mismo kilo puede venderse en México hasta en 17.000 dólares y en la Unión Europea el precio se incrementa hasta los 54.000 o 57.000 dólares, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc)

El Frente Óliver Sinisterra tendía entre 400 y 500 hombres a su cargo, según la Fundación Ideas para la Paz, de Colombia. Desde octubre del 2017 hasta la fecha, esta organización contabiliza 18 ataques, tanto en territorio colombiano como en el lado ecuatoriano. Entre los atentados están la instalación de minas antipersonales, la incineración de buses y la explosión de torres de energía. En el lado ecuatoriano ya se han llevado las vidas de cuatro militares y de los tres trabajadores del Diario El Comercio y tienen cautiva a una pareja de comerciantes que cruzó al lado colombiano el pasado 11 de abril.

El gobierno ecuatoriano sigue con su política de hermetismo respecto a este nuevo secuestro. Desde la difusión de la prueba de vida que recibieron, un video en el que la pareja aparece escoltada por dos hombres armados hasta los dientes, no han informado nada. Al principio no se conocían las identidades de estas nuevas víctimas y por eso se mostró el video a la opinión pública. Sus familiares se enteraron por redes sociales.

Ellos no son de Quito, sino de una población de la costa interna de Ecuador llamada Santo Domingo de los Tsáchilas, pero su determinación es quedarse en los exteriores de la sede de gobierno hasta tener noticias. “Nos dijeron que esperemos, que no saben nada”, dice Elvia Villacis, hermana de uno de ellos. El resto de los familiares pide no ser identificado, tienen miedo, como muchos en el país.

El recuerdo del primer mes del secuestro de los periodistas coincide con el fin del plazo que dio el presidente Lenín Moreno para obtener respuestas de sus ministros sobre la captura de alias ‘Guacho’.

Mientras, la ofensiva militar de parte de Ecuador y Colombia empieza a desplazar a los habitantes del borde fronterizo. En Mataje, el último punto poblado de Ecuador, apenas quedan tres de las 60 familias que solían vivir allí. Los cálculos del gobierno ecuatoriano es que tendrán que reubicar a unas 7,000 personas.

El conflicto en la frontera común con Colombia lejos de apaciguarse se intensifica.