Por qué los insultos racistas de Trump ponen en juego la supervivencia de Haití a 8 años del terremoto
MIAMI, Florida.- Con sus declaraciones racistas del jueves, en las que se refirió a Haití y a El Salvador como “países de mierda”, el presidente de Estados Unidos Donald Trump compromete algo más que su propio sentido del juicio y su capacidad para dirigir la nación más poderosa del hemisferio. Puede hundir aún más a un país ya devastado.
Haití, que depende de la caridad y de las remesas para sobrevivir, es el país de la región al que Estados Unidos destina más recursos a través de la cooperación. Millones de dólares cada año, desde hace décadas. Y el monto de esos recursos ya ha disminuido un 25% desde que Donald Trump llegó a la presidencia, según datos de la Agencia USAID; mucho antes de que Trump dejara saber a los congresistas y al mundo lo que opina de Haití.
Haití no produce nada. Entre los siglos XVII y XIX produjo madera, tabaco, arroz, café y caña con el trabajo de millones de africanos esclavizados, que en 1804 se alzaron y fundaron la primera —la única— República Negra de América. Cien años después los marines de EEUU desembarcaron en la isla y se quedaron por diecinueve años (1915-1934). Fue la más larga de todas las ocupaciones estadounidenses en Centroamérica y el Caribe, y en ese periodo el país apenas produjo algo de algodón y azúcar. Luego se instaló en el poder la dictadura de los Duvalier (1957-1986) y miles de haitianos emigraron a Estados Unidos como consecuencia del terror y la pobreza que impuso. Desde el fin de la dictadura, Haití ha sido un Estado en permanente reconstrucción bajo la tutela del mundo, con Estados Unidos, Francia y Brasil a la cabeza de los esfuerzos fallidos.
Es así que, en su defecto, Haití vive de sus pobres: transformada en caridad, la pobreza financia el 60% del presupuesto del país; y otras ayudas que no pasan por el Estado sino que son istradas por organizaciones no gubernamentales extranjeras y agencias de cooperación, sostienen servicios como la sanidad y la educación. En el caso de EEUU, el 93% de la ayuda que se destina Haití se queda en manos estadounidenses: de agencias federales, iglesias y organizaciones no gubernamentales que ejecutan unilateralmente los programas de ayuda.
Durante el primer año de la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos invirtió más de 325 millones dólares en cooperación en la isla. El grueso de este dinero —86 millones de dólares— fue ayuda humanitaria para atender la emergencia ocasionada por el huracán Matthew, que a su paso por esta nación en octubre de 2016 mató a unas 2,000 personas y destruyó toda la península sur, donde se concentraban la mayor parte de las plantaciones que alimentaban a la isla.
Otros 71 millones de dólares fueron invertidos en mejorar la gobernanza: en labores de paz, seguridad y resolución conflictos, en el contexto del retiro de las tropas de Naciones Unidas —Minustah— que ocupaban el país desde la caída de Jean Bertrand Aristide en 2004.
A pesar de la situación de emergencia en la que se encuentra Haití, que aún lidia con las consecuencias de los peores desastres de su historia —un terremoto, una epidemia de cólera, tres tormentas y huracanes—, en 2017 Estados Unidos destinó 25% menos recursos de los que invirtió el año anterior, bajo la istración de Barack Obama.
En 2016, Estados Unidos envió a la isla más de 435 millones de dólares. De este monto, 91 millones de dólares financiaron programas para atender a pacientes seropositivos; entre ellos, el Plan de Emergencia Presidencial para el Alivio del HIV-Sida (PEPFAR, por sus siglas en inglés). En el primer año de Trump en la Casa Blanca, este sector recibió menos de la tercera parte de ese monto: 24 millones de dólares. En junio del mismo año, un reporte del diario The New York Times reveló que, durante una reunión en la Casa Blanca para discutir temas migratorios, Trump se refirió a los haitianos amparados bajo el TPS de manera despectiva, diciendo: “Todos tienen sida”.
A la filtración de los insultos lanzados por Trump en privado contra Haití se suman acciones concretas de su gobierno en detrimento de la relación bilateral y de la diáspora haitiana afincada en EEUU. El pasado 20 de noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional eliminó el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) que protegía de la deportación a casi 59,000 haitianos afincados en territorio estadounidense desde 2010, cuando un terremoto magnitud 7 sacudió Puerto Príncipe y sus alrededores y mató a más de 250,000 personas.
"Esta decisión sigue al anuncio del secretario (John) Kelly hecho en mayo de 2017 de que Haití ha hecho un progreso considerable", alegó el DHS en el comunicado donde anunciaba la decisión.
En consecuencia, todos estos haitianos tienen ahora un plazo de 18 meses para abandonar Estados Unidos, que vence el 22 de julio de 2019. Entre ellos se cuentan los padres de unos 27,000 niños nacidos en Estados Unidos desde 2010, y miles de haitianos que sostienen a sus familias en la isla con el dinero que envían. Según cálculos del Global Justice Clinic, la porción de remesas que envían los beneficiarios del TPS sostiene a unas 250,000 personas en Haití.
Estados Unidos tampoco tiene embajador en Haití desde hace un año. El último embajador de Washington en Puerto Príncipe, Peter Mulrean, renunció a su cargo en febrero de 2017 alegando razones personales, luego de haber servido en la isla desde mayo de 2015. Desde entonces, el encargado de negocios Robin Diallo lleva las riendas de la misión diplomática, en espera de que el Departamento de Estado envíe a un nuevo embajador.
Como si todas estas señales de rechazo y distanciamiento sonaran a poco, Trump eligió una fecha clave para soltar su más reciente insulto: la víspera del octavo aniversario del terremoto del 12 de enero de 2010.