Nacer dominicano y vivir en el limbo

Dilia Sentilis tuvo ocho hijos que nacieron, como ella, en el batey de Sabana Larga de Gonzalo, en República Dominicana. La menor cumplió dos años en mayo y no es todavía de ningún país.

"Cuando di a luz a la última niña, mi esposo, que es dominicano, fue a la oficialía a declararla y le dijeron que no, que yo debía estar presente. Como tuve una cesárea, esperé 17 días, fui a Santo Domingo y allí me dijeron que no podía registrar a la niña porque mi madre es extranjera Y yo me pregunté: ¿cómo va a ser que mi niña no puede ser registrada si yo tengo mis documentos y mis otros siete niños están registrados?", cuenta Dilia.

El origen del problema para Dilia Sentilis es que sus padres eran braceros haitianos que emigraron a República Dominica en la década de 1980 con un permiso de estadía expedido por el Consejo Estatal del Azúcar y un contrato para cortar caña en la zafra del ingenio de Río Haina.

Hasta hace dos años, Dilia y sus hijos nacidos en el país eran considerados dominicanos bajo el principio de jus solis (derecho de suelo), establecido en la Constitución hasta la reforma de enero de 2010. Todos ellos tuvieron certificado de nacimiento y el derecho a obtener una cédula dominicana al cumplir la mayoría de edad y de votar y postularse a cargos públicos en elecciones.

Pero en septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional dominicano estableció que ni Dilia Sentilis ni ningún hijo de extranjero no residente nacido en el país desde 1929 tenía derecho automático a la nacionalidad. De acuerdo a esta interpretación, los padres de Dilia vivieron durante más de tres décadas en condición “de tránsito” y en consecuencia, la nacionalidad de sus descendientes debía ser revisada. 

"A aquellos muchachos que somos nacidos y criados en República Dominicana, nos dividieron en dos grupos. En el Grupo A estamos los que ya teníamos un registro civil. En el Grupo B están los que nunca tuvieron la oportunidad de tener un registro, a esos les dan una condición de extranjeros”, explica Juan Alberto Antuan, integrante del movimiento Reconoci.do, que desde 2013 aboga por los dominicanos de origen haitiano que, tras la sentencia de Constitucional, fueron desnacionalizados y ahora corren el riesgo de ser deportados.

De acuerdo a los cálculos citados por la sentencia, calificaban dentro de este supuesto unos 665,148 hijos de inmigrantes, que entonces representaban el 6.87% de la población. Para resolver el problema del estatus legal de todos ellos, en noviembre de 2013 el Gobierno dominicano puso en marcha un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que culminó el 18 de junio de pasado.

Juan Alberto nació en 1988 en la provincia de Monte Plata. Creció con documentos de dominicano por nacimiento y desde que se sometió al plan puesto en marcha por el Gobierno, las autoridades lo clasifican como un “dominicano por regularización”.

“La gran inquietud que tenemos es que nos están creando un doble registro y no sabemos si vamos a tener algún tipo de inconveniente más adelante. Nos están dando otra acta con un número de libro, de folio y de año diferente al que teníamos en el acta de cuando nos declararon nuestros padres. Y la mayoría de los jóvenes que ya han obtenido su documento están recibiendo demandas de nulidad de esas primeras actas”, dice Juan Alberto Antuan sin saber, hasta ahora, las condiciones exactas bajo las cuales le será reconocida la nacionalidad.

Las autoridades comenzaron a negarle a Juan Alberto Antuan las copias de su certificado de nacimiento y su cédula de identidad mucho antes de que el Tribunal Constitucional emitiera su sentencia de septiembre de 2013, lo mismo que a miles de dominicanos de origen haitiano.

Ya en 2005 la  Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a República Dominicana por violar el derecho de dos niñas de origen haitiano nacidas en su territorio -Dilcia Yean y Violeta Bosico- a tener un nombre, una nacionalidad e igualdad ante la ley, negándoles sus actas de nacimiento.

En su sentencia, la Corte IDH argumentó que el Estado dominicano “obligó a las presuntas víctimas a permanecer en una situación de continua ilegalidad y vulnerabilidad social (…) toda vez que la República Dominicana negó a las niñas Yean y Bosico su derecho a la nacionalidad dominicana y las mantuvo como apátridas hasta el 25 de septiembre de 2001”.

Pero en lugar de cumplir con las reparaciones establecidas por la justicia Interamericana, Santo Domingo optó por darle forma legal a la desnacionalización de los dominicanos de origen haitiano.

En agosto de 2007, la Junta Central Electoral dominicana aprobó la Resolución 12-07 que negaba la emisión de documentos de identidad a nombre de descendientes de haitianos, en medio de un plan de depuración del registro civil. Y más tarde, en septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia que revoca la nacionalidad a todos los hijos de extranjeros sin documentos nacidos a partir de 1929.

El gobierno del presidente Danilo Medina y los demás poderes del Estado dominicano niegan que las medidas adoptadas conviertan en apátridas a miles de dominicanos de origen haitiano y que el Plan de Regularidad de Extranjeros pueda desembocar, en última instancia, en una política de deportaciones masivas, como han alertado los 15 países de la Comunidad del Caribe (Caricom) entre otras organizaciones internacionales.

"En la República Dominicana el número de casos de apatridia es cero. Esa es la realidad, y puede ser constatada por los organismos de Naciones Unidas especializados en la materia con presencia en el país", aseguró el presidente Medina durante la XLV Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que se celebró la semana pasada en Guatemala.

Según cifras del gobierno dominicano, más de 288,000 extranjeros se apuntaron en el Plan de Regularización. De ellos, unos 55,000 fueron beneficiados "con el régimen especial para nacidos en el territorio nacional inscritos irregularmente en el registro civil" y otros 8,755 se acogieron a la Ley Especial de Naturalización.

"El 17 de junio finalizó el plazo de inscripción en el Plan Nacional de Regularización. (…) A pesar de lo que muchos parecían esperar, no se produjo ninguna catástrofe humanitaria, ni se inició ninguna caza de brujas", subrayó Medina.

Lo que sí se puso en marcha una vez culminado el plazo de inscripción fue un “plan de retorno voluntario asistido para extranjeros en situación irregular”, como lo describió el director de Migraciones, Rubén Darío Sem.

En solo dos semanas, más de 25,000 inmigrantes haitianos fueron deportados de manera voluntaria mediante este programa, que culminará el próximo 6 de julio, informó este jueves el canciller Andrés Navarro.

En paralelo, el gobierno dominicano también inició la remodelación del Centro de Detención de Haina, próximo a la capital, adonde son llevados los inmigrantes en proceso de repatriación, y anunció el establecimiento de cuatro centros más en los cuarteles militares ubicados en Dabajón, Jimaní, Pedernales y Elías Piña, los pasos fronterizoshacia Haití. El objetivo es ampliar la capacidad de albergue actual de 600 inmigrantes sin documentos a 950. 

Con el fin del plazo de inscripciones, las calles de dominicanas comenzaron a vaciarse de inmigrantes haitianos y de sus descendientes: las construcciones donde trabajaban como obreros, las ventas ambulantes de frutas, los mercados de ropa de segunda mano.

"Llegado el 18 de junio, con todo el temor que han difundido las autoridades a través de los medios de comunicación, las personas han preferido esconderse; no salir para no ser violentados en su integridad física, porque eso es lo que suele suceder en las redadas y en el proceso de deportación", relata Roudy Joseph, inmigrante haitiano, ingeniero civil de profesión y vocero del Movimiento Justicia Migratoria.

El gobierno dominicano insiste, en opinión de Joseph, en no diferenciar el problema de la nacionalidad que afecta a los dominicanos de origen haitiano de la cuestión migratoria que involucra únicamente a los extranjeros. Y ambas istraciones, tanto de República Dominicana como de Haití, han fallado sistemáticamente en la búsqueda de una solución para los dos asuntos.

De acuerdo a las cifras que maneja el Movimiento Justicia Migratoria, en el lado dominicano de La Española viven unos 458,000 inmigrantes haitianos y solo el 10% de ellos contaba en 2012 con documentos regulares en el país. Y más de la mitad quedó fuera del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros por no contar con un documento válido, emitido por República Dominicana o por Haití, para poder inscribirse.

"Unos 200,000 inmigrantes haitianos se han quedado fuera de la regularización por las trabas burocráticas y arbitrarias de parte de las autoridades encargadas del plan y también de parte de las autoridades haitianas, que no fueron capaces de otorgar documentos de identidad a sus nacionales", sostiene Joseph.

La mezcla del asunto migratorio con el del derecho a la ciudadanía ha despertado nuevos y antiguos prejuicios en la sociedad dominicana, y los llamados al nacionalismo contra una supuesta invasión haitiana se han impuesto entre la opinión pública.

Para Junot Díaz, escritor dominicano criado en Nueva Jersey, esta exaltación del sentimiento antihaitiano en República Dominicana forma parte de una política deliberada y sostenida que ha sido promovida por los sectores más conservadores de la sociedad y en particular, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que gobierna el país desde 1996.

"En República Dominicana hay un estado de terror que ha estado siendo promovido por las élites políticas y las élites de los medios (…) Las élites dominicanas no quieren que ninguna persona de origen humilde o de ascendencia haitiana se acerque al poder", sostiene Díaz.

"El PLD está movilizando medios para poner en marcha sus políticas racistas. Tratan de hacer creer que atacar al PLD es atacar a la nación (…) Quieren cometer un acto de racismo pero no quieren vivir con eso en su conciencia. Por hay campañas de quienes apoyan (las deportaciones y la desnacionalización) diciendo 'no somos racistas', cuando el racismo es la ley en República Dominicana", comenta el escritor.

Para Díaz, ganador del Premio Pulitzer en 2008, lo que ocurre en su país con los inmigrantes haitianos no es un problema aislado: Estados Unidos también ha estado deportando inmigrantes de forma masiva en la última década y lo mismo está pasando en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda.

"No todos los dominicanos apoyan esta locura, pero muchas de esas voces están siendo acalladas por la represión de las élites. El supuesto consenso del nacionalismo es falso, súper falso. Mucha gente en la calle reconoce que esto es un abuso, que no quieren que expulsen a su gente, a los hermanos dominicanos de origen haitiano", concluye.