Un juez renuncia a investigar el magnicidio en Haití, a solo días de que le dieran el caso
Al juez Mathieu Chanlatte se le asignó el lunes el caso del asesinato de Jovenel Moïse, un mes después de que el presidente fuera asesinado por sicarios en su habitación el 7 de julio.
Chanlatte alegó "razones personales" para abandonar el caso, apenas 36 horas después de que su jefe de gabinete, Ernst Lafortune, fuera asesinado el miércoles por la noche mientras volvía a su casa del trabajo, en el último y desagradable giro de la turbia investigación sobre el magnicidio.
Esa noche Lafortune acababa de mantener una "animada discusión" con el juez Chanlatte, según informó la Asociación Nacional de Secretarios Judiciales de Haití en un comunicado.
Lafortune fue abandonado por personas no identificadas en un hospital con los brazos rotos y la garganta cortada, y posteriormente fue declarado muerto.
"¿Es una coincidencia que esté muerto? Míralo: no es una coincidencia", dijo un compañero de Lafortune a The Wall St Journal. "Es una señal clara que demuestra que un secretario judicial no puede trabajar en este caso", añadió, diciendo que los funcionarios judiciales haitianos carecen de seguridad.
Varios jueces y funcionarios que trabajan en la muerte de Moïse se han escondido, alegando amenazas de muerte.
La elección del juez Chanlatte fue duramente criticada por algunos expertos judiciales de Haití, que afirmaron que tenía fama de ocuparse de los casos sin resolverlos.
Las autoridades haitianas han acusado a un equipo de exsoldados colombianos de entrar a tiros en la residencia del presidente, matándolo e hiriendo a su esposa en su dormitorio. Dos de ellos murieron en un tiroteo la noche del asesinato del presidente y otro esta desaparecido.
Los exsoldados colombianos han dicho que son inocentes y que se les ha tendido una trampa para que carguen con la culpa, afirmando que el presidente ya estaba muerto cuando llegaron a la casa.
La policía haitiana ha detenido a unos 44 sospechosos. Entre ellos hay desde 18 exmilitares colombianos hasta oficiales de la policía haitiana, incluidos dos altos funcionarios que dirigían el dispositivo de seguridad del presidente.
También se han emitido órdenes de detención contra antiguos funcionarios haitianos, entre ellos un exsenador y un antiguo juez del Tribunal Supremo.
La policía haitiana también ha detenido a Christian Sanon, un predicador de origen haitiano afincado en Florida, del que se alega que tenía planes para declararse gobernante interino del país a la muerte del presidente y llevar a cabo proyectos de infraestructura para ayudar al desarrollo de Haití.
Como parte de su presunto plan, Sanon contrató a la empresa CTU Security, del sur de Florida, para que se encargara de la seguridad de los proyectos, incluida una planta de energía solar.
Los abogados de Antonio Intriago, propietario de CTU Security, han negado que su cliente estuviera implicado en el complot para matar al presidente, y afirman que fue traicionado por sus propios guardaespaldas.
La policía colombiana, así como agentes estadounidenses del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), están trabajando en la investigación.
