El oscuro historial de la democracia en Guatemala: seis de los diez presidentes han sido condenados o enfrentan procesos judiciales
CIUDAD DE GUATEMALA. - La política guatemalteca pasa por uno de sus momentos más bajos de esta era democrática. Este viernes, la Fiscalía imputó los delitos de fraude y malversación al expresidente Álvaro Colom y a 11 de los que fueran sus ministros, todos acusados de participar en una trama de corrupción en el transporte público.
Pero Colom (2008-2012) no es el único exmandatario que ha tenido problemas con la justicia. Con él suman ya seis los expresidentes guatemaltecos cuestionados en procesos judiciales, vinculados a corrupción, desde el retorno a la democracia en 1986.
En estos momentos hay un expresidente prófugo, dos guardando prisión en espera de ser procesados, uno condenado por lavado de dinero en Estados Unidos y otros dos que enfrentan procesos de antejuicio.
Los problemas con la justicia no tienen color político: gobiernos de derecha, de centroizquierda y populistas han protagonizado investigaciones por corrupción emprendidas por el Ministerio Público, las más recientes de ellas con la asistencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en los últimos tres años. Y eso está provocando una profunda decepción de la ciudadanía con la clase política, reflejada en apatía e incredulidad en sus representantes.
Despilfarro y Golpe de Estado
Los antecedentes de mandatarios guatemaltecos investigados en casos de corrupción tras el regreso a la democracia en 1986 tiene su primer gran exponente con el expresidente Jorge Serrano Elías (1991-1993). El exmandatario llegó al poder de manera sorpresiva con un pequeño partido de corte populista, el Movimiento de Acción Solidaria (MAS).
Acusado de despilfarros y contrataciones anómalas y cercado políticamente, Serrano decidió imitar al exmandatario peruano Alberto Fujimori y realizó en 1993 un golpe de Estado, disolvió el Congreso y sustituyó a la Corte Suprema de Justicia. La Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral declararon ilegal la ruptura del orden constitucional por Serrano y, apoyados por un Ejército, donde cobró protagonismo el hoy también procesado expresidente general Otto Pérez Molina, forzaron la salida de Serrano del poder.
Este se refugió en Panamá, donde hasta a la fecha goza de asilo político. Desde 2002, Serrano Elías enfrenta una orden de aprehensión preventiva a nivel internacional, solicitada por el Ministerio Público de Guatemala. Se le busca por los delitos de peculado, malversación de fondos, fraude, usurpación y apropiación y retención indebida.
“El Señor Oro”
El periodo constitucional de Serrano fue completado por el procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, uno de los mayores opositores al rompimiento constitucional. De León entregó el gobierno a Álvaro Arzú Irigoyen, electo por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), una agrupación de derecha que impulsó políticas de privatización de empresas públicas y cuyo gobierno fue seriamente cuestionado por el asesinato del obispo Juan Gerardi en 1998, coordinador de la investigación sobre crímenes durante el conflicto armado ' Guatemala, nunca más'.
Arzú, alcalde de la ciudad capital, enfrenta actualmente un proceso de antejuicio por una investigación del Ministerio Público y la Cicig conocida como: Caja de Pandora. La querella busca retirar el derecho antejuicio del alcalde para continuar con la investigación, a quién señalan de facilitar “plazas fantasmas” en la comuna capitalina, en las escuchas telefónicas interceptadas en la investigación se alude a Arzú, como “el Señor Oro” quien habría ordenado los contratos. Entre los favorecidos se encontraría la viuda del capitán Byron Lima Oliva, condenado por el asesinato de Gerardi.
Lima fue parte del equipo de seguridad de Arzú cuando este fue presidente, mientras que la pareja del capitán, Alejandra Reyes, es colaboradora de la Fiscalía en esta investigación. Reyes confesó haber recibido cheques para ella y su madre por servicios que nunca realizó para la municipalidad. Por su parte, la viuda de otro de los condenados por la muerte del obispo Gerardi, el especialista del Ejército Obdulio Villanueva, también figura con una plaza sin reportarse a trabajar, según la Fiscalía.
El día de la acusación, el 5 de octubre del año pasado, el alcalde capitalino se presentó en la conferencia de prensa donde se dieron a conocer los casos y encaró a la fiscal general, Thelma Aldana, y al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez. Desde entonces, Arzú ha encabezado mediáticamente la oposición a la gestión de Velásquez al frente de la Cicig.
Presidente y lavador de dinero confeso
Tras finalizar su mandato, Arzú entregó el poder a Alfonso Portillo (2000-2004), candidato del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido derechista con tintes populistas fundado por el exgobernante de facto, el general Efraín Ríos Montt, quien enfrenta un proceso por el delito de genocidio en un tribunal local. Portillo recibió numerosas denuncias por actos de corrupción de sus funcionarios durante su mandato, incluyendo desvíos millonarios en el Ministerio de la Defensa, el Estado Mayor Presidencial, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y faltantes en la Presidencia de la República y el Crédito Hipotecario Nacional.
Pese a ser investigado por el Ministerio Público y la Cicig, Portillo fue absuelto en 2011 de los cargos en Guatemala. El exmandatario guardaba prisión en el país desde enero de 2010 cuando fue requerido por la justicia de Estados Unidos por un caso de lavado de dinero.
Tras reconocer haber aceptado cinco cheques del gobierno de Taiwán por una suma de US$2.5 millones y haber utilizado el sistema bancario estadounidense para lavar este dinero, Portillo fue extraditado a Estados Unidos, y cumplió una condena de 70 meses de prisión en la Correccional Federal Englewood, en Denver (Colorado) por decisión de juzgado federal de Nueva York. Tras cumplir con su condena, el exmandatario retornó al país e intentó ser inscrito como candidato a diputado para las elecciones de 2015. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral denegó su inscripción al considerar que no cumplía con los requisitos de “capacidad, idoneidad y honradez “ que manda el artículo 113 constitucional a los aspirantes a cargos o empleos públicos.
El negocio del Transurbano
La implementación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha marcado un parteaguas en las investigaciones criminales que involucran a altos funcionarios en el país. Fundada en 2006, fue clave para desligar al expresidente Álvaro Colom (2009-2012) de la acusación realizada en 2009 por el abogado Rodrigo Rosenberg, en un video grabado, en el cual lo responsabilizaba por su muerte.
Este 13 de febrero, sin embargo, la Cicig en conjunto con el Ministerio Público reveló la investigación en la que se le acusa a Colom de colaborar en la defraudación de US$35 millones al Estado mediante la implementación fraudulenta de un sistema de transporte prepago para la Ciudad de Guatemala conocido como Transurbano.
Por este caso han sido imputados además otros nueve exministros y un ex viceministro de Colom que suscribieron el acuerdo en reunión de gabinete de gobierno. En la investigación se detalla que en la triangulación de los fondos se emplearon cuentas y empresas en Brasil, Reino Unido, Malta e Islas Vírgenes.
La caída de Pérez Molina
El gobierno más golpeado por las investigaciones de corrupción a cargo de Ministerio Público y la Cicig fue el del general Otto Pérez Molina, electo por el conservador Partido Patriota (PP). Pérez Molina dejó el poder en 2015 rodeado por un escándalo de defraudación aduanera conocido como La Línea, el cual desencadenó otras investigaciones, entre ellas el pago de tributos al mandatario en un caso llamado 'Coperacha' y una indagación por corrupción en la contratación de obras públicas y financiamiento electoral llamado 'Cooptación', además de la concesión de servicios en puertos de la Empresa Portuaria Quetzal.
Recientemente, otros de sus funcionarios han sido vinculados a la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en la defraudación de una carretera valorada en US$384 millones. Por esta trama, también fue apresado recientemente en Florida el excandidato presidencial Manuel Baldizón, opositor de Pérez Molina de cara a los electores, pero socio del gobierno del PP, según la investigación de la Fiscalía.
Las investigaciones contra Pérez Molina, la que fuera su vicepresidenta Roxana Baldetti y funcionarios como los exministros de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y Erick Archila, del Ministerio de Energía y Minas, prófugos de la justicia, provocaron una ola de protestas en 2015 que condujeron a la caída del gobierno del PP.
El presidente inesperado
Este descontento ciudadano fue aprovechado por un candidato emergente durante los comicios de 2015, el comediante Jimmy Morales, de la agrupación conservadora Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación,).
Morales ha enfrentado dos solicitudes de retiro del antejuicio. La primera de ellas fue por una investigación conjunta del Ministerio Público y la Cicig del 25 de agosto de 2017 por financiamiento electoral ilícito a su partido durante pasado proceso electoral, periodo durante el cual Morales ocupaba el cargo de secretario general del partido.
Esta solicitud fue conocida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y llegó al Congreso de la República. El partido oficial junto a bancadas aliadas lograron en el Legislativo evitar el retiro de la inmunidad al mandatario. Sin embargo, no consiguieron los suficientes votos para cerrar la solicitud, que encuentra archivada y puede ser reactivada si se reúnen dos tercios de los votos del parlamento (105 votos).
Una nueva solicitud de antejuicio fue presentada el 27 de septiembre por el Ministerio Público al revelarse que el mandatario recibía un bono extraordinario de 50,000 quetzales mensuales de parte del Ministerio de Defensa por lo cual la Fiscalía de Lavado de Dinero detectó posibles indicios de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. Esta solicitud fue rechazada por la CSJ.
Los ciudadanos, entre el descontento y la participación
Los expertos consultados por Univision Noticias consideran que el patrón de involucramiento de las máximas autoridades del país en casos de corrupción es el reflejo de un sistema político diseñado para el beneficio propio.
Además, instan a que se emprendan reformas en el ámbito electoral, en los procesos de adquisiciones y en la ley de Servicio Civil, frente a una ciudadanía desencantada que el próximo año volverá a las urnas en medio de una profunda desconfianza del sistema político.
Para el director del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), José Carlos Sanabria, este oscuro historial muestra la necesidad de una profunda reforma al sistema político guatemalteco.
“(Estos casos) nos muestran como sociedad la necesidad de una reforma de manera profunda el sistema político, muestran que tenemos un sistema clientelar que ha cooptado las instituciones del Estado y ha dejado por un lado los intereses del país, de la sociedad. No han hecho un ejercicio de representación, sino de corrupción y negocios”, opina Sanabria.
Uno de los puntos más cuestionados por los ciudadanos y la academia es la forma en que se financian las agrupaciones partidarias. Las investigaciones penales de los últimos años han mostrado que buena parte de este financiamiento tiene origen ilícito, en algunos casos vinculados a pagos de sobornos de contratistas.
“Estos casos penales muestran que tenemos un sistema de partidos políticos y de istración proclive a la corrupción. Diferentes gobiernos con diferentes tendencias ideológica caen las mismas prácticas", apunta el director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Elvyn Díaz.
A su juicio, la tensión creciente por estos continuos casos de corrupción podría provocar un descontento ciudadano similar al del 2015. La gente se vuelve apática a la política en un contexto en el cual la misma corrupción es la que evita que el país también se desarrolle económicamente", opina Díaz.
Sin embargo, Sanabria considera que este malestar también está provocando que surjan organizaciones de ciudadanos que buscan consolidarse y participar políticamente.
