Caso Beatriz: Corte Interamericana de DDHH condena a El Salvador en histórico juicio por impedir el aborto a joven con un embarazo inviable
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes a El Salvador por impedir en 2013 un aborto a una mujer, conocida públicamente como Beatriz, a pesar de que su vida corría peligro y el feto tenía una malformación congénita.
"El Estado (salvadoreño) es responsable por la violación a los derechos a la integridad personal, a la vida privada y la salud (...) en prejuicio de Beatriz", indicó el tribunal continental, con sede en Costa Rica.
También ordenó al Estado adecuar su normativa para atender los embarazos que ponen en riesgo la vida de la madre. "El Estado adoptará las medidas normativas necesarias para brindar directrices y guías de actuación al personal médico y judicial en situaciones que pongan en riesgo la vida y la salud de la mujer", dijo el vicepresidente de la CorteIDH, Rodrigo Mudrovitsch, quien leyó la parte resolutiva de la sentencia.
La Corte consideró que "la falta de protocolos y el ambiente de confusión jurídica que reinaba inhibió la actuación del personal de salud, ya que tenían temor a incurrir en responsabilidad penal, por lo que recurrieron a diferentes entidades estatales para obtener su autorización del tratamiento médico a seguir".
"Esta burocratización y judicialización infructífera del tratamiento médico a dispensar lejos de tener efecto útil, obstaculizó la adecuada y oportuna protección a los derechos a la integridad y a la salud de Beatriz", indica la sentencia.
La CorteIDH también determinó que en este caso no le corresponde establecer cuál era la mejor forma de abordar el embarazo desde punto de vista médico y que tampoco encontró nexo entre la muerte de Beatriz y la atención médica recibida.
Además, ordenó al Estado pagar una indemnización a la familia de Beatriz y elaborar un plan de capacitación dirigido al personal de salud, a las personas operadoras de justicia y personal estatal con competencia en la materia.
Fallo pionero de la CIDH
Esta es la primera vez que la CIDH falla en un caso relacionado con el aborto, prohibido en El Salvador bajo cualquier modalidad con penas de cárcel de dos a ocho años, pero habitualmente interpretado por la justicia como homicidio agravado, que conlleva penas de hasta 50 años de prisión.
Los representantes legales de la mujer demandaron al estado salvadoreño por permitir que interrumpiera su embarazo a pesar de que fue declarado de alto riesgo para su vida y el feto sufría anencefalia.
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch considera que el caso de Beatriz "evidencia las nefastas consecuencias de una ley que prohíbe completamente el aborto".
El mes pasado, a propósito del caso de Beatriz, grupos evangélicos se manifestaron en Costa Rica para pedirle a la CIDH que "no se dejara manipular por grupos abortistas" y fallara en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.
Así pusieron en peligro la vida de Beatriz al no permitirle abortar
Beatriz, originaria de Jiquilisco, una zona de pobreza extrema, había sido diagnosticada con lupus en su primer embarazo en 2011. Ese parto se complicó por preeclampsia y el bebé tuvo que pasar más de un mes hospitalizado.
Cuando en 2013 supo de su nuevo embarazo, los médicos le dijeron que era de alto riesgo. Pero su pesadilla comenzó poco después, en el momento en que le confirmaron que el feto sufría anencefalia (carecía de corteza cerebral y cráneo), con lo que no tenía esperanza de sobrevivir.
Y es que a pesar de que lo más recomendable era interrumpir ese embarazo, las leyes antiaborto de El Salvador están entre las más estrictas del mundo: no se contemplan excepciones, algo que solo ocurre además en Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
El caso llegó incluso al Tribunal Supremo de El Salvador, que resolvió en su contra. En abril de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al país centroamericano a adoptar "las medidas necesarias para implementar el tratamiento" ya que el embarazo era de alto riesgo.
Pero no solo no se atendió su necesidad, las autoridades la obligaron a permanecer hospitalizada casi tres meses, para asegurarse de que siguiera adelante con el embarazo. En una cesárea de urgencia dio a luz a un bebé que falleció a las cinco horas.
La joven, que sufrió graves secuelas en su salud tanto física como mental, murió en 2017 en un accidente de motocicleta. Seis años más tarde, el caso fue presentado ante la Corte-IDH.
En 2022, la CIDH envió el caso a la Corte-IDH alegando que los derechos a la vida y la salud de la joven habían sido violados por el Estado salvadoreño, que alegó en el proceso que lo que habían hecho los médicos fue intentar salvar dos vidas.
La representación salvadoreña alegó también que despenalizar el aborto en caso de peligro para la salud de la madre equivale a dar libre en cualquier momento de la gestación.