Congreso de El Salvador aprueba el régimen de excepción tras ola de homicidios atribuidos a las pandillas
La Asamblea Legislativa de El Salvador, a solicitud del presidente pandilla Mara Salvatrucha, a la que se le atribuyen 62 homicidios este sábado.
"Declárase en todo el territorio nacional régimen de excepción derivado de las graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales", consigna el decreto aprobado por 67 de los 84 diputados con los que cuenta el Parlamento.
La decisión del Legislativo, que está controlado por el partido de Bukele, restringe la libre reunión, la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones, y faculta las detenciones sin orden judicial. Ahora debe ser promulgada por el presidente.
La Constitución salvadoreña establece que el régimen de excepción se puede aplicar "en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público".
La disposición "tiene por objeto facilitar las herramientas y mecanismos jurídicos" a la Policía y Fuerza Armada para "restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial".
El diputado opositor de la exguerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí, Jaime Guevara, tras afirmar que lamenta el "sábado negro" que sufrió el país, consideró que "la crisis actual requiere de sensatez, sabiduría y no de matonería", por lo que pidió respetar "los derechos individuales" de la población.
62 homicidios en un día en El Salvador: "sábado sangriento"
"Este sábado 26 de marzo ha cerrado con 62 homicidios en el país", consignó en Twitter la Policía Nacional Civil (PNC). "No retrocederemos en esta guerra contra pandillas, no vamos a descansar hasta capturar y llevar ante la justicia a los criminales responsables de estos hechos", agregó.
Según el balance oficial, el central departamento de la Libertad registró 12 homicidios, seguido por la capital San Salvador y el departamento de Ahuachapán (oeste), con nueve cada uno. El resto de asesinatos se distribuyen en los restantes 11 departamentos del país. El viernes se registraron otros 14 homicidios relacionados con las pandillas.
La Policía y el Ejército de El Salvador mantenían este domingo un operativo en el que, según informó la PNC, varios cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron detenidos, acusados de ser "responsables de los homicidios registrados en las últimas horas".
"Desde ayer enemos un nuevo repunte de homicidios, algo que habíamos trabajado tan duro por reducir. Mientras combatimos a los delincuentes en las calles, tratamos de descifrar lo que está pasando y quiénes están detrás financiando esto", dijo el sábado el presidente Bukele, en redes sociales.
Nayib Bukele y sus promesas de seguridad
Nayib Bukele hizo de la seguridad un eje de su campaña y destacó al inicio de su mandato la mejora en los indicadores sobre homicidios.
Una investigación del diario 'El Faro' reveló que el presidente habría pactado con las pandillas para reducir el número de crímenes a cambio de mejorar las condiciones de vida carcelarias de los pandilleros presos y otros beneficios para sus en libertad.
La fiscalía del país hizo investigaciones al respecto y recopiló pruebas, en un caso que bautizaron como 'Catedral, pero en mayo de 2021 el gobierno destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y a quien entonces era el fiscal general, poniendo a funcionarios afines en esos cargos, por lo cual las investigaciones sobre las presuntas negociaciones del gobierno de Bukele y las pandillas se desmantelaron, pero el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos funcionarios de su gobierno por las presuntas negociaciones, a cambio de que las maras apollasen al partido Nuevas Ideas, el de Bukele, en las elecciones legislativas de 2021.
El presidente ha negado estas acusaciones y señaló a gobiernos anteriores de haber realizado ese tipo de actividades.
En noviembre pasado el país sufrió otro repunte de homicidios, que en tres días cobró la vida de unas 45 personas.
Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70,000 en El Salvador, más de 17,000 de ellos encarcelados, según las autoridades, y operan a través de homicidios, extorsiones, narcotráfico y otras actividades ilegales.
El Salvador cerró 2021 con 1,140 homicidios, un promedio de 18 muertes por cada 100,000 habitantes, menos de los 1,341 registrados en 2020 y la cifra más baja desde el fin de la guerra civil en 1992, según datos oficiales.
