Autoridades de Colombia cuestionaron a la Iglesia de Dios Ministerial y Jesucristo Internacional tras la compra de una propiedad vinculada al narcotraficante Víctor Patiño Fómeque

Martha Cecilia Hernández Corredor, contadora de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, recuerda que recibió una llamada de su empleada doméstica avisándole que funcionarios de la Fiscalía General de la Nación tenían rodeada la casa que ocupaba con su familia en un conjunto residencial del norte Bogotá.

Hernández declaró ante la fiscalía que se presentó en la propiedad y encontró “policía por todo lado como esos de antimotines”.

Uno de los funcionarios presentes le explicó que se trataba de un embargo por extinción de dominio, un proceso confiscatorio de propiedades vinculadas a actividades ilícitas, principalmente de narcotráfico.

Desde ese 13 de abril de 2005 comenzó un largo litigio entre el estado colombiano y la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional durante el cual las autoridades judiciales expresaron sus dudas sobre la actuación de la congregación religiosa tras la compra de la casa a un testaferro del narcotraficante Víctor Patiño Fómeque.

El juzgado penal que tramitó la extinción de dominio expresó su extrañeza de que después de 15 años de haber sido confiscada la propiedad, la iglesia no hubiera invalidado el contrato de adquisición pese a que ambas partes lo incumplieron y ya se había establecido que la casa pertenecía al narcotraficante.

“Llama poderosamente la atención que, ante tal incumplimiento ninguna de las partes se haya preocupado por resolver o escindir el contrato de compraventa pues la controversia surgió desde el año 2005”, afirmó el Juzgado Tercero Penal del Circuito en un fallo de 2020. Y agregó que “sobre todo extraña que la parte más afectada, la Iglesia de Dios Ministerial, no haya intentado recuperar la parte del precio que pagó por el inmueble, dado que, ni siquiera puede disfrutar materialmente del bien por el embargo y el secuestro que pesan sobre éste”.

Univision Investiga logró establecer además que la iglesia, en lugar de esperar hasta el 30 de mayo de 2005, fecha acordada por escritura para registrar el contrato de compraventa en una notaría pública se adelantó y lo hizo el 13 de abril, 46 días antes de lo acordado. Un día antes la fiscalía colombiana había emitido la resolución de extinción de dominio. El abogado de la iglesia sostuvo que en esa fecha la institución no estaba al tanto de la decisión de la fiscalía.

La iglesia también pasó por alto que la empresa vendedora del inmueble Licoex S.A no tenía capacidad económica para su adquisición “por lo que todo apunta a que el predio encartado fue adquirido con los dineros ilícitos de aquel (Patiño Fómeque), señaló uno de los fallos.
No fue posible localizar a representantes de la empresa.

A mediados de 2024, luego de un dilatado proceso de recursos de apelación y amparo (tutelas) presentados por la iglesia, la Corte Suprema de Justicia de Colombia concluyó que no se cometieron fallas en la evaluación de las pruebas ni que se hubieran violado los derechos de la organización religiosa.

Con esa sentencia quedó en firme la confiscación de la casa situada en el conjunto residencial Colina de los Vientos en la carrera 78 y la calle 126 de Bogotá. Hoy está evaluada en 1.8 millones de dólares.

El contrato, entre la iglesia y la sociedad vendedora “no tiene ninguna incidencia en el proceso de extinción de dominio pues les correspondía a las partes definir de común acuerdo o mediante proceso judicial el cumplimiento del supuesto negocio jurídico”, concluyó la corte.

En los argumentos legales y declaraciones a Univision Investiga la institución religiosa sostuvo que actuó legalmente y de buena fe. En cuanto al cuestionamiento de por qué no tomo medidas para recuperar el capital invertido, el abogado de la iglesia respondió que hizo “todo cuanto a su alcance estuvo”, aunque no explicó específicamente las acciones que tomó en ese sentido.

“La iglesia quiere reiterar que ha actuado en apego, con respeto y en estricto cumplimiento del ordenamiento legal aplicable en todas las esferas que conciernen a su existencia como entidad religiosa; las decisiones de sus órganos de dirección, istración y control han sido siempre transparentes”, escribió Juliam Alberto Garnica, el abogado de la iglesia, en respuesta a un cuestionario de Univision Investiga.

Directora bajo investigación

La Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, con representación en 60 países, según su portal de internet, está dirigida por María Luisa Piraquive, una acaudalada y controversial líder espiritual residente de Estados Unidos. Piraquive afronta una investigación en Colombia por presunto lavado de activos, según confirmó la fiscalía a Univision Investiga.

La primera vez que el equipo periodístico reveló esta información fue en 2018 con motivo de una publicación sobre la fortuna y propiedades de Piraquive y su familia en Estados Unidos.

Una certificación enviada en septiembre de ese año por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la fiscalía de Colombia indicó que en esa dependencia cursaba un proceso de investigación por lavado de activos y/o enriquecimiento ilícito contra Piraquive y familiares suyos.

El pasado mes de abril un vocero de la fiscalía informó por escrito a Univision Investiga que “este asunto continúa en indagación, se han realizado diferentes actividades investigativas y verificaciones en busca de resultados concluyentes”. La entidad declinó entregar más detalles.

Garnica, abogado de la organización religiosa, sostuvo, sin aportar constancia alguna, que “ninguna pesquisa arrojó resultados que llevaran al ente acusador a concluir que existían méritos para dar inicio a una acción penal por delito alguno”.

No existen acusaciones penales públicas contra la iglesia por su actuación en la compra de la propiedad.

El negocio

La casa en cuestión había sido tomada en arriendo por la iglesia desde julio de 2004 y estaba ocupada por Hernández y su familia. Piraquive, la regente espiritual de la organización, ordenó comprar la propiedad pidiendo una rebaja, según documentos aportados a los procesos.

En marzo de 2005 el pastor César Moreno Piraquive, hijo de María Luisa, y Favio Antonio Mejía Jaramillo, representante legal de la empresa propietaria Licoex S.A firmaron una escritura de compraventa. Las partes acordaron un precio de 750 millones de pesos equivalente a 234 mil dólares, según la tasa de cambio promedio de ese año. La iglesia hizo pagos adelantados por unos 140,000 dólares.

Tras producirse la medida cautelar contra el bien, la iglesia suspendió el pago del saldo pendiente, pero el fallo judicial señala que no hizo esfuerzos por recuperar el dinero que pagó anteriormente. Dado que la transacción no quedó inscrita en el registro público la propiedad continuó apareciendo a nombre Licoex S.A.

La fiscalía señaló que, pese a que los representantes de la iglesia se percataron de que el negocio “estaba fracasando”, razón por la cual dieron la orden de no pago de la segunda tanda de cheques, “aun así no tomaron ninguna medida al respecto contra la sociedad Licoex para recuperar el capital que ya habían invertido”.

¿Fue una simple casualidad que la iglesia adelantara el registro del contrato de compraventa?, preguntó Univision Investiga al abogado Garnica.

“La iglesia nunca fue notificada o tuvo conocimiento que la Fiscalía General de la Nación adelantaba un proceso de extinción de dominio”, explicó el abogado.

Garnica sostuvo que al realizarse el estudio de títulos de la propiedad “no se halló ninguna medida cautelar o anotación que limitara el derecho de dominio”.

Intermediario

La casa de tres pisos, situada en un barrio de clase alta, pertenecía al narcotraficante convicto Víctor Patiño Fómeque, según se lo itió este a las autoridades colombianas como parte de un acuerdo judicial. Patiño también reveló el nombre de la persona que, según él, había actuado como testaferro suyo para la adquisición.

El ex capo del Cartel del Norte aseguró en su declaración judicial que Luis Miguel Ulloa Velasco “le había servido de testaferro y que este le tenía una casa señalando la dirección del inmueble en cuestión”, afirma el fallo de la corte al referirse a la propiedad de Bogotá.

Ulloa había comprado la propiedad en representación de Licoex SA en julio de 1997, según los documentos aportados al expediente en Colombia.

La fiscalía sostuvo que Ulloa, en un esfuerzo por justificar los ingresos con los que adquirió la propiedad, “no allegó ni un solo soporte de los negocios que lo llevaron a proveerse de tal monto” ni acreditó su trabajo en la estatal petrolera Ecopetrol como lo dijo.

Un abogado defensor de Ulloa, no identificado por su nombre en los documentos, alegó que su cliente es un profesional del derecho “honesto, con trayectoria que no cuenta con antecedentes penales ni disciplinarios” y criticó que la fiscalía le concediera “absoluta credibilidad” a las manifestaciones “incongruentes e incoherentes” de un narcotraficante.

La fiscalía se mantuvo en su posición de que Ulloa actuó como testaferro.

Univision Investiga intentó sin resultados comunicarse con Ulloa a través de un conocido suyo y de un número telefónico y dos correos electrónicos registrados en una base de datos pública de Estados Unidos. Sus datos de o y localización no figuran en los directorios de abogados litigantes de los juzgados de Colombia, según informó un juez a una fuente de Univision Investiga.

Garnica aseguró que “la Iglesia y el señor Ulloa no tuvieron o de ninguna índole” y que ningún miembro de la junta directiva de la organización religiosa conoce o ha conocido a Patiño Fómeque.

Sin rastros del mensajero

Hernández, la contadora de la iglesia que ocupaba la casa en arrendamiento, declaró en el proceso que su comunicación con la firma vendedora la realizó a través de Alvaro Díaz a quien identificó como miembro de la iglesia.

Según ella, Díaz se encargó de llevar y traer los mensajes a los vendedores sobre el precio de la casa. La contadora declaró que luego de la intervención de la propiedad por parte de la fiscalía, Díaz la llamaba a insistirle “que no había problema, que en una semana se solucionaba y que el registro saldría a nombre de la iglesia”.

Días después, agregó Hernández, los abogados de la iglesia le informaron que “la parte vendedora no aparece, que ninguno da razón de nada”.
Durante un interrogatorio del proceso un fiscal de la Unidad de Extinción de Dominio le preguntó a Hernández en qué lugar localizaban usualmente a Díaz. Ella respondió que en un taller de mecánica en la población de Fontibón, cercana a Bogotá.

“Pero ya no lo encontramos allí”, agregó Hernández quien se refirió a Díaz en la declaración como “Don Alvaro”.

El abogado de la iglesia explicó a Univision que Díaz actuó en calidad de arrendador por ser representante de la firma inmobiliaria que alquilaba la casa y que no ha ocupado cargo alguno en la iglesia.

Univision no logró localizar a Díaz.

En uno de los recursos presentados ante la justicia colombiana la abogada de la iglesia Nubia Castillo afirmó que la institución “jamás hubiera hecho o se hubiera comprometido a hacer negociación alguna con bienes inmuebles de dudosa procedencia o bienes adquiridos a través de la destrucción de vidas humanas”.

Patiño fue condenado a 12 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. Se encuentra en libertad por pena cumplida.