Abogada revela la mayor desilusión de Esteban Loaiza en la cárcel (y no tiene que ver con Jenni Rivera)

Todo estaba listo para que el expelotero prestara la fianza de 250,000 dólares impuesta por un juez estatal por tres cargos de narcotráfico.

Pero en vez de salir hacia su casa, como lo tenía previsto, el exlanzador pasó de la Unidad 4E de la San Diego Central Jail al sorpresivamente desestimó los cargos que había presentado en su contra para que el caso pasara a jurisdicción federal, donde ese mismo día se presentó una denuncia en su contra.

Los detalles de ese episodio están consignados en una transcripción de la audiencia de detención celebrada el 12 de marzo ante la magistrada Nita Stormes del Tribunal de Distrito del sureste de California, que acompañan una petición de reconsideración de la fianza de 200,000 dólares impuesta por la togada ese día. “Teníamos la fianza. El contrato estaba firmado. Él debía ser liberado este día, pero en su lugar lo trajeron a la corte federal”, afirmó la abogada Janice Deaton durante la audiencia en la cual los familiares de Loaiza irrumpieron en llanto en sala.

Ese día, el fiscal Jarad Hodes argumentó que el pelotero jubilado debía permanecer encerrado, sin fianza, porque constituía un riesgo de fuga por encarar un cargo federal de posesión de aproximadamente 20 kilogramos (44 libras) de cocaína con la intención de venderla, que contemplaba una pena de cárcel obligatoria de un mínimo de 10 años.

Para apoyar su posición, Hodes señaló que el hombre de 46 años mantenía lazos estrechos y una residencia en su natal México, donde arguyó que el acusado ocultaba su dinero, y que su 'green card' o tarjeta de residente legal estaba por expirar en las próximas semanas. De ser hallado culpable, Loaiza se expone a ser deportado a su país.

Janice Deaton refutó estos señalamientos apuntando que Loaiza, quien está preso desde el 9 febrero, ha sido un residente de “toda la vida de la región de Tijuana y San Diego”. Reiteró ese vínculo con este país presentando a su familia en corte abierta: sus padres María del Socorro Veyna y Luis Antonio Loaiza, su hermana Mary y su esposo Jesús Núñez, así como a Esteban Sage, el hijo de 16 años del ahora acusado, y a Ashley Esposito, la mamá de Sage y “mejor amiga” del expelotero.

Al abordar el asunto de las finanzas de su representado, la abogada enumeró a los atletas que habían perdido su dinero por estar mal asesorados y resaltó que Loaiza -quien ahora se dedicaba a ofrecer clínicas de beísbol- había tenido dificultad para reunir -de su propio peculio- el 10 por ciento de la fianza que le hubiera permitido quedar en libertad mientras su caso se ventilaba en las cortes estatales. Deaton también abogó por una fianza de 40,000 dólares con restricción domiciliaria y urgió a la magistrada federal a imponer una fianza con restricciones mínimas para que la expareja de Loaiza no tuviera que utilizar su residencia en Mansfield, Texas, como colateral de este dinero que sirve para garantizar la comparecencia de acusado durante un proceso judicial.

“La señora Esposito quisiera usar esa propiedad para pagar los costos de la universidad de su hijo y yo sé que el tribunal y todos estamos conscientes de lo que eso supone”, apuntó Deaton.

Pese a las argumentaciones de la defensa y el ministerio público, Stormes impuso a Loaiza una fianza de 200,000 dólares que deberá prestar en efectivo o a través de una compañía de fianzas reconocida y solvente. Entonces, Loaiza quedaría bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica y no podría viajar a México, entre otras limitaciones.

Cuatro días después, Deaton solicitó una vista de modificación de fianza, que se celebró el 20 de marzo. Stormes no accedió a cambiar las condiciones impuestas. La semana pasada, la abogada pidió una reconsideración, que atenderá el juez federal Anthony Battaglia.

Así las cosas, Loaiza regresará este jueves al juzgado federal para el primer señalamiento de la audiencia preliminar.

“Señor Loaiza, usted está actualmente citado para una audiencia preliminar el 20 de marzo. Su defensa indicó que está dispuesto a continuar esa audiencia el 5 de abril. Eso sería con el propósito de que ella (Deaton) revise la prueba del gobierno en su contra y analice una posible resolución de su caso”, preguntó Stormes al finalizar la audiencia del 12 de marzo.

“Sí”, respondió el pelotero jubilado.

Agentes de la Unidad de Supresión de Narcotráfico en la Frontera de la Oficina del Alguacil de San Diego detuvieron al exlanzador el pasado 9 de febrero tras rebasar una señal de pare, poco después de salir de la residencia que alquilaba en la ciudad de Imperial Beach, al suroeste de San Diego.

El expelotero manejaba una camioneta Mercedes Benz 450, modelo 2010, que los agentes investigadores sospechaban se estaba usando en el trasiego de drogas. Como parte de la intervención, un agente utilizó un can adiestrado para olfatear narcóticos, que detectó rastros de droga en la parte trasera del vehículo, según la versión de las autoridades. Ese aviso provocó que los agentes registraran el carro y descubrieran un “compartimiento especial”, que se utilizaba para esconder contrabando. En la camisa de Loaiza, también encontraron el control remoto de la puerta de un garaje, que tenía la dirección de su residencia.

Posteriormente los agentes allanaron la residencia de Loaiza, donde se toparon con una minivan Nissan en el estacionamiento. En ese vehículo, los agentes notaron unos bultos de béisbol, algunos de los cuales tenían el apellido del expelotero. Debajo de esas bolsas, divisaron 20 paquetes de lo que aparentaba ser 20 kilogramos (44 libras) de cocaína.

En la audiencia del 12 de marzo, Hodes afirmó que Loaiza utilizaba esa residencia como una “casa para guardar drogas” y que la cocaína ocupada en el lugar la recibió después de que otra persona (que no identificó) la transportó a través de la frontera entre México y Estados Unidos.