Advierten al gobierno de Puerto Rico que "en cuestión de meses no podrá pagar por servicios esenciales"
La Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico alertó este miércoles al gobernador Ricardo Rosselló que, de no tomarse acciones de emergencia inmediatamente, en cuestión de meses su Ejecutivo se quedará sin dinero para pagar servicios esenciales como educación, salud y seguridad pública. Una de las medidas que recomienda es recortar cuatro días al mes de labores a los empleados públicos.
En una carta enviada a Rosselló, el organismo de control (impuesto por el congreso estadounidense para lidiar con la crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico) asegura que el déficit de liquidez en la isla requiere "atención inmediata" ante un déficit de 190 millones de dólares que proyecta para el 1 de julio, a pesar de no pagarse la deuda pública.
"Aún mientras seguimos analizando el plan fiscal (entregado la semana pasada por el gobernador), queremos traer a la atención inmediata nuestra preocupación en relación a la presente situación de liquidez. Creemos que, si no se toman acciones contundentes de emergencia el gobierno, en cuestión de meses, no podrá pagar por servicios esenciales, incluyendo pensiones, educación, salud y seguridad pública. Esto requiere nuestra atención conjunta e inmediata", señala el documento firmado por el presidente de la junta, José Carrión.
Una de las sugerencias del ente fiscal es reducir en cuatro días el mes laboral para los funcionarios públicos, y dos días para los maestros y "personal de primera línea en instituciones que operan 24 horas al día".
Esta recomendación de la Junta de Supervisión llega solo días después de haber recibido el plan fiscal entregado por el gobierno de Puerto Rico para cumplir con las exigencias de recortes presupuestarios con el fin de aliviar la deuda pública (que ronda los 70,000 millones de dólares). Aunque todavía no han aprobado o desaprobado esa propuesta, esta carta da a entender que las medidas planteadas por el Ejecutivo de Rosselló son al parecer insuficientes.
Es así que el organismo señaló que aún asumiendo el no pago de la deuda y la rápida implantación de las medidas presupuestarias y de manejo de efectivo contenidas en el plan fiscal, hace falta hacer más.
"Aunque apreciamos su enfoque en atender los retos fiscales y económicos de Puerto Rico a largo plazo, pensamos que hace falta hacer mucho más inmediatamente para reducir los gastos y evitar esta deficiencia de efectivo tan crítica. Dada la falta de de Puerto Rico a los mercados de capital en términos normales y nuestra necesidad de enfocarnos en una reestructuración sostenible de la deuda, pretender atender esta deficiencia de efectivo con más préstamos a corto plazo no es ni práctico ni prudente", sugiere la carta enviada por la junta al gobernador.
La reducción de las jornadas laborales puede representar ahorros de entre 35 y 40 millones de dólares mensuales, agregó la junta, que tiene previsto certificar el plan fiscal de largo plazo el lunes en una sesión pública en Nueva York.
La junta también aconsejó al gobierno que reduzca los contratos para servicios profesionales en un 50% y baje los costos de salud pública negociando los precios de medicamentos, reduciendo a la vez las tasas de los planes y proveedores de salud.
Proyectan déficit de $190 millones
El organismo de supervisión acompañó la carta con un informe fechado de este miércoles de la firma de auditoría Ernst & Young sobre el puente entre los estados financieros auditados del gobierno de 2014 y los números base para 2017 que el gobierno utilizó en su propuesta de plan fiscal.
De acuerdo con el informe de E&Y, los gastos del gobierno para 2017 pudieran estar subestimados por una cantidad de entre 360 y 810 millones basado en patrones históricos de gastos. De acuerdo con estas cifras, la junta concluyó que el gobierno pudiera enfrentar un déficit de aproximadamente 190 millones de dólares al principio de julio.
Según la junta, "el gobierno enfrentará esta realidad habiendo ya dejado de pagar sus deudas, sin a los mercados de capital en términos normales y habiendo extinguido muchas medidas extraordinarias de manejo de efectivo".
Además, el ente fiscal planteó que antes del final del año calendario 2017 el fondo de pensión del Sistema de Retiro de Empleados Públicos estará agotado y lo mismo ocurrirá con el fondo del Sistema de Retiro de Maestros.
"El gobierno comenzará su ya postergada segregación de las contribuciones de empleados, lo que obligará al gobierno de Puerto Rico a tener que sacar aproximadamente 1,200 millones de su presupuesto operacional para hacer los pagos a pensionados", advierte.
La junta también expuso que el gobierno perderá aproximadamente 800 millones en fondos federales de salud bajo el Affordable Care Act (Obamacare) para el año fiscal 2018, a partir del final de este año calendario 2017.
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