El caso de Perla Morales, el tercero contra 'coyotes' que se le cae a la Patrulla Fronteriza en California
LOS ÁNGELES, California.– La Liberación de la mexicana la Patrulla Fronteriza la detuvieran frente a sus tres hijas en San Diego, es el tercer caso de tráfico de inmigrantes que se le cae en poco más de un año a esa dependencia en California.
Un juez de inmigración ordenó la liberación bajo palabra de Morales Luna, tras determinar que no representa un peligro para la seguridad pública. Por su parte, la Fiscalía federal no le ha presentado cargos aún por su presunta colaboración en una organización de contrabando de personas que opera en San Diego, sospecha bajo la que ocurrió su arresto.
Durante la audiencia, un abogado del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) no debatió sobre la posibilidad de que Morales Luna pueda fugarse, reconociendo que ella ha vivido en el país desde hace más de una década, pero insistió en que aún le preocupaba "su participación en un esquema de contrabando".
Al salir del centro de detención para inmigrantes en Otay Mesa, cerca de la frontera entre California y México, esta inmigrante mexicana y sus tres hijas tuvieron un emotivo reencuentro. Allí la recibieron con globos de helio y flores.
La maestra Judith Castro, quien grabó el dramático arresto de esta madre frente a sus hijas hace tres semanas, esta vez documentó el abrazo y las lágrimas de alegría de las cuatro.
"Le doy las gracias a la comunidad por apoyarme", expresó brevemente Morales Luna, al abandonar la prisión de ICE la noche de este martes. "De verdad, muchas gracias", agregó uniendo sus manos.
Su hija Chantel Estrada, de 15 años, contó que no cabía de felicidad en la corte cuando escuchó al juez Zsa Zsa De Paolo ordenar la liberación de su madre. "Fue un gozo por dentro y un agradecimiento a Dios que no se puede explicar", dijo.
Su hermana Yessica Estrada, de 17 años, también mostró su alegría: "Estoy muy emocionada y muy agradecida con Dios, porque yo sabía que se iba a hacer justicia. Yo sabía que la iba a poder ver pronto".
Morales Luna, de 36 años, le dijo al juez De Paolo que es cocinera en una lonchera (camión de venta de comida) donde gana entre 400 y 600 dólares a la semana, con lo que sostiene su hogar.
El pasado 3 de marzo ella caminaba al lado de sus tres hijas frente a su complejo de apartamentos en National City, cuando fue interceptada por agentes fronterizos, dos de los cuales estaban vestidos de civil. La mujer forcejeó con los uniformados, quienes la llevaban a un vehículo oficial ordenándole "¡Súbase! ¡Súbase!". Sus hijas, en tanto, imploraban entre sollozos que no se la llevaran.
Acusaciones desechadas por los fiscales
Según las autoridades federales, una sospechosa de tráfico de personas aseguró que Morales Luna era su cómplice, reclutando choferes para el grupo.
Pero su abogado, William Baker, dijo en el tribunal que su clienta y la acusada habían trabajado juntas en limpieza hace cinco años, pero que jamás colaboró en la operación de contrabando de inmigrantes.
"Es una tontería argumentar que ella es un peligro", expresó Baker en la corte el martes, enfatizando que no se presentaron pruebas contra su defendida.
En un breve comunicado, la Patrulla Fronteriza evadió opinar este miércoles sobre la liberación de esta madre. La agencia indicó que su compromiso es desmantelar las bandas delictivas transnacionales y llevar a los sospechosos ante un tribunal federal.
"Cualquiera que la Patrulla Fronteriza identifique como parte de estas organizaciones criminales será arrestado y luego presentado ante la Fiscalía federal para su enjuiciamiento o, en el caso de un inmigrante indocumentado, sería procesado para su deportación en lugar del proceso judicial", señaló la dependencia.
El caso de Morales Luna, que ha sido transferido a un tribunal de inmigración del centro de San Diego para determinar si puede permanecer en el país, es el más reciente para la Patrulla Fronteriza que se estanca por falta de pruebas.
En noviembre, nueve meses después de su arresto cerca de la frontera con México acusándolo de ser un 'coyote', una corte federal ordenó que Jesús Arreola recuperara los beneficios de DACA que le habían quitado. Él fue detenido en San Diego cuando llevaba en su auto a un indocumentado el 12 de febrero de 2017. En realidad, este joven tenía dos empleos para ayudar a su familia: era cocinero en un restaurante en West Hollywood, en el condado de Los Ángeles, y conductor de Uber y Lyft.
Con sus ingresos él mantenía a sus padres y a sus tres hermanas, una de las cuales tienen una rara enfermedad genética que hace que envejezca prematuramente.
En mayo, un mes después del arresto de este dreamer, agentes federales montaron un operativo para detener a Rosenda Pérez y a su esposo Francisco Duarte, acusándolos de estar involucrados en la operación de una casa clandestina en National City que ocultaba a inmigrantes indocumentados.
Esta acción dejó en el desamparo a cuatro hijos, ciudadanos estadounidenses. Los mayores, entonces de 17 y 19 años, se pusieron a vender paletas en la calle (retomando el trabajo de su padre) para mantener a la familia y lanzaron una campaña en GoFundMe que recolectó más de 74,000 dólares.
La pareja enfrentó la deportación, pero finalmente la Fiscalía no presentó cargos en su contra por su supuesta participación en la red de contrabando de personas.
Vea también:
